Aunque esta cifra representa una disminución del 10% desde 2016, la fundación privada advierte que el fenómeno persiste y destaca el surgimiento de la «inquiocupación», donde los inquilinos dejan de pagar después de firmar un contrato de alquiler.
Presentando los resultados en la sede del Col·legi d’Economistes de Catalunya en Barcelona, el Institut Cerdà subraya que la reducción de ocupaciones se debe a la disminución de edificios vacíos y a las mejoras en la gestión de parques de viviendas, tanto por parte de operadores públicos como privados, que han implementado medidas preventivas como sistemas de vigilancia y seguridad.
La «Inquiocupación» nuevo desafío de las viviendas ocupadas
La «inquiocupación» es una tendencia preocupante que describe a aquellos que firman contratos de alquiler, pagan las primeras mensualidades, pero luego dejan de cumplir con los pagos y permanecen en la propiedad. Este fenómeno sugiere una complejidad en la relación entre propietarios e inquilinos, generando incertidumbre y desafíos adicionales en el mercado de alquiler.
El informe del Institut Cerdà señala que la disminución de las ocupaciones ilegales coincide con una reducción en las denuncias presentadas en 2022 por delitos de usurpación y allanamiento de morada ante los cuerpos policiales.
Además, destaca que entre el 75% y el 80% de las ocupaciones se concentran en propiedades de grandes tenedores, como entidades financieras y fondos de inversión.
Los autores del estudio también mencionan la percepción creciente de ocupaciones en viviendas de parques públicos y entidades de economía social o cooperativas como una forma efectiva de acceder al alquiler social. Esta percepción desafía las vías oficiales y sugiere la necesidad de abordar estratégicamente la oferta de viviendas sociales para evitar situaciones desfavorables.
Desafíos para la gestión: «Ocupar no comporta riesgos»
El análisis destaca que la ocupación ilegal ha evolucionado, involucrando no solo a familias vulnerables desahuciadas, sino también a mafias y grupos organizados que monitorean movimientos en parques de viviendas específicos.
Existe una «sensación generalizada de que ocupar prácticamente no comporta riesgos», según el informe, lo que refleja la necesidad de abordar la percepción pública y política en torno al fenómeno.
A pesar de la disminución de ocupaciones, el fenómeno persiste y plantea desafíos multifacéticos. La polarización del debate y la utilización política a veces obstaculizan la gestión efectiva del problema.
La necesidad de acciones integrales, que aborden tanto las causas como las consecuencias de la ocupación ilegal, se vuelve evidente para garantizar la estabilidad y seguridad en el mercado de viviendas en España y, especialmente, en Catalunya.
La ocupación ilegal de viviendas en España y Catalunya es un fenómeno complejo que requiere una atención continua y estrategias integrales para abordar sus múltiples dimensiones.
